Manuel María Paz (1820-1902). “Vista del pueblo de Pandi: provincia de Bogotá”. Acuarela sobre papel. 31 x 24 cm. Nueva Granada. 1855.
La palabra es la semilla de las cosas. En la Colombia del siglo XIX basta con dar un vistazo al espíritu progresista de élites que lucharon por consolidar un Estado afín a la nación armoniosa de sus enunciados. Hubo una fuerte voluntad de afirmación en la economía y en el modelo político republicano. La intención era conseguir una sociedad homogenizada, unificada eficazmente por el discurso que desde entonces hasta hoy parecía ascender hacia el paraíso democrático. Pero la perfección de la palabra se disolvía en la práctica, en los avatares de la vida cotidiana, ese escenario maravilloso que desnuda la inminente fractura entre dicho y hecho; entre ley y realidad; entre unidad y diversidad. La formación de la nación colombiana fue un proceso moderno, sí, pero tamizado por filtros tradicionales como, por ejemplo, la continuidad en la política de tierras que conservó las concesiones de baldíos hechas a grandes terratenientes en la colonia. Y es que ni la élite era homogénea, pues conforme avanzaba el siglo XIX, también se fragmentó con el surgimiento de los partidos y creó así un ambiente de tensión y división que oscilaba entre la negociación y la polarización de las relaciones de poder.
Ese ánimo contradictorio también se evidenció en la vocación regionalista de la mayor parte de la población, pues aunque la movilidad fue común también es cierto que la mayoría de personas vivían y morían en la misma parroquia, vereda, pueblo o villa y, por tanto, su sentido de pertenencia se formaba a partir de vínculos culturales y étnicos en la intimidad de su territorio. A pesar de esta manifiesta heterogeneidad, la mayoría de la población colombiana también compartía algunas prácticas: circular diariamente por los caminos; comer, beber y conversar en la pulpería o chichería; emborracharse e ir a misa en la plaza del pueblo los domingos. Hoy buscamos en la vida del pasado la huella de esas convergencias pero también de las contradicciones anuladas por un discurso oficial que pregonaba al mestizo como tipo definitivo de la nación colombiana; agente democratizador y homogeneizador de una diversidad étnica evidente pero impertinente a ojos de las élites.
La primera sociedad colombiana ofrece una imagen fuertemente rural. Los informes estadísticos, producidos entre 1872 y 1892 así lo confirman: predominaba la actividad agrícola, pesquera y ganadera. Éramos una sociedad esencialmente agraria y con un paisaje dominado por los surcos tropicales y las raíces, semillas y frutos americanos (la papa, la yuca, el maíz y el fríjol); esos mismos que alimentaron a los primeros campesinos y que hoy alimentan a las industrias transnacionales en el olvido a sus origen (¿Qué sería de McDonald's sin sus icónicas papas fritas?). En ese escenario el artesano y, por esa vía, la mujer constituyó otra figura esencial. La campesina era mucho más que madre y esposa: era la tejedora, sombrerera, dobladora de hojas de tabaco que nutría no solo a sus hijos sino a las economías familiares y regionales. Dadas estas condiciones la trama partidista no podía explicar entonces la totalidad del fenómeno político. A pesar de los discursos y prejuicios de la élite criolla, el extendido analfabetismo no impedía que la gente corriente pensara.
La cultura aldeana fue la respuesta espontánea a la lucha por el poder. Esta no se formaba en el parlamento pero sí en las reacciones a esas leyes que se discutían en el rumor del arriero, el chisme del pulpero, la hoja suelta en el parque o la conversación en la plaza o el taller. La política resultaba inseparable de la vida cotidiana. No importa que a mediados del siglo XIX el 70 % de los colombianos no supieran leer ni escribir: su alfabetismo —y es una lección para nosotros en el presente— se expresaba en su conexión con el mundo, en su sentido de responsabilidad con la vida material, una forma de alfabetismo político que nos recuerda a Brecht:
El peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de decisiones políticas.
Durante esta época el pueblo emergió como un actor social: las élites aceptaron que no había un mecanicismo que rigiera las adhesiones electorales; estas personas no eran marionetas que se dejaban manipular bajo tal o cual candidato, sino que la movilización política popular funcionaba según unos criterios vinculados a un sentimiento de identificación territorial o gremial. Es la imagen de una población rural en tal grado politizada que logró desarrollar formas de resistencia. Un ejemplo de ello fue la apertura de la frontera agrícola. La mayoría de procesos colonizadores fueron adelantados por familias necesitadas que llevaban apenas lo que tenían puesto y cargaban la angustia permanente de no saber qué caminos les esperarían, ni cómo resolverían el abrigo de la siguiente mañana.
La colonización interna no se trató tanto de una idílica vocación de “pujanza” como de la necesidad convertida en posibilidad de resistencia: el pueblo llevó a cabo esta expansión como una lucha contra el latifundio porque el nivel de concentración de la propiedad había crecido exponencialmente durante el siglo XIX. Este proceso fue el símbolo del llamado popular a los valores igualitarios y a una actualización de la vida comunitaria. Mientras tanto, la imparable privatización de la tierra redujo la posibilidad de poseer una parcela propia y así aparecieron tipos característicos de las economías capitalistas: el asalariado y el jornalero. Aun así, quedaron intersticios que permitieron celebrar la vida independiente e insumisa. Durante este siglo, la minería y la agricultura del maíz quedaron por fuera del interés empresarial y permanecieron como prácticas populares: en Antioquia, eje de la minería nacional, el 80 % de la extracción aurífera siguió al vaivén de bateas agitadas por mazamorreros; mientras que el maíz, producto de primer orden entre la mayoría campesina (recordemos que la chicha era el licor nacional) conservó su valor doméstico y escapó a las sujeciones del monopolio privado o del impuesto estatal.
Pese a las adversidades, la ruralidad colombiana robustecía las raíces de su identidad. El campo era un lugar de actividad y ebullición cultural. Es innegable que el alcance institucional de la educación formal fue débil porque solo en las prósperas ciudades de Medellín, Bogotá o Bucaramanga algunos niños estudiaron en colegios, mientras que la mayoría de mulatos o indios de las llanuras, valles y aldeas nunca pisaron un salón de clase ni abrieron un libro. Esta educación afín al ideal de progreso y a la urbanidad decimonónica fue quizá la mayor aspiración incumplida del Gobierno republicano. Sin embargo, en la realidad brillaba la riqueza de una pedagogía vernácula: la potencia de un saber manual fundado en la oralidad, el poder de la transmisión familiar y la concepción del trabajo como fuente de solidaridad doméstica. En una sociedad agraria este tipo de enseñanza era la práctica más coherente y, además, alimentaba el espíritu de cohesión y una ética particular del trabajo derivada de su relación permanente con las manos, la creación y el entorno inmediato.
Porque si algo caracterizó a las élites fue el desprecio hacia el paisaje propio y la dependencia de una ficción basada en referentes extranjeros. Los protagonistas del juego político estatal son herederos de ese reflejo fracturado en el espejo europeo. Es comprensible que la afirmación de la identidad propia se forme en una dialéctica con otro pero resulta sintomático que no se reconociera el potencial autóctono; sus elementos eran juzgados como insuficientes e incluso estigmatizados bajo el signo de la servidumbre. Reinaba entonces la avidez de acercar el país a Europa así fuera vendiéndolo al extranjero (aquí es inevitable recordar la cesión del ferrocarril de Panamá y luego del territorio total del istmo) en detrimento de los interés locales (tal cual sucede en el presente con los tratados de libre comercio, por ejemplo). Al extremar la crítica y redirigir nuevamente la mirada a la mayoría de la población, a esos parroquianos de carne y hueso que daban cuerpo a la nación, se descubre el contrarrelato de ese elitismo. Y aunque la condición agraria nos hermanara en una experiencia común también es cierto que no pudo conjurar la inevitable fragmentación de la vida y la palabra: la identidad se forma en las singularidades del diario vivir y no en la mera abstracción del discurso “nacional”.
De este siglo XIX surgió también un proceso (aún vigente) de regionalización republicana, flexible e indeterminado —tanto a nivel de fronteras como de conocimiento territorial— pero siempre presente. Ejemplo de esa maleabilidad de la palabra es el ascenso paulatino de una épica antioqueña desvinculada de su memoria caucana o costeña o la separación del Norte de Santander de las provincias nororientales del país. Muchas son las palabras que se disputan el derecho de crear la nación, sin embargo, muchas son las palabras deshechas en prácticas de resistencia, regionalización y politización según el matiz de cada localidad. El discurso de la unidad se quiebra ante la evidencia de diversidad vital. La Colombia decimonónica fue una sociedad contradictoria y heterogénea que pretendía nivelar sus diferencias y consolidar un Estado moderno a través de la palabra pero que se movía —y quizá se mueve aún— entre las tierras movedizas de una república temporalmente colonial y espacialmente provinciana.
